Hacienda defendió el plan del Poder Ejecutivo de contratar una póliza de responsabilidad civil para jerarcas

El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió esta tarde en una conferencia de prensa el plan del Poder Ejecutivo de contratar una póliza de responsabilidad civil en el Instituto Nacional de Seguros por ¢248 millones a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), con el objetivo de cubrir al presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, directivos y presidentes ejecutivos.

"Un ministro cesó a un funcionario, y ese funcionario presentó una demanda por acoso laboral. ¿Saben cuánto tuvo que desembolsar el ministro para poderse defender? Solo para revisar el expediente, $3,000. Eso es lo que significa estar en un puesto donde, después de hacer el análisis, tenía razón, pero tuvo que gastar eso. La pregunta es: ¿qué tipo de funcionarios queremos, con miedo? Les voy a decir algo muy importante: esta póliza no es nueva, existe en el mundo. Hay otros países donde se puede verificar, el mejor ejemplo es Colombia, donde hay pólizas de este tipo para los funcionarios. Así que no hay ninguna situación oculta; no se está defendiendo ningún comportamiento inadecuado", afirmó el jerarca de Hacienda.

De acuerdo con el expediente en SICOP, la necesidad es: "Contratar una póliza de responsabilidad civil para los jerarcas del Poder Ejecutivo que resguarde las decisiones o acciones tomadas en el país, ya que el Estado debe contar con herramientas oportunas y eficaces para defender sus decisiones y, por ende, proteger la imagen, el erario público y a los jerarcas en la toma de sus decisiones”.

“Por ello, es razonable que el Estado pueda dotar de la defensa técnica idónea, de alto nivel, a los jerarcas demandados, para que puedan defender sus actuaciones dirigidas a satisfacer no solo el interés público, sino también a la ciudadanía”, se lee en el expediente.

Acosta explicó que la póliza busca proteger a los altos funcionarios que son demandados por decisiones tomadas en el ejercicio de su labor y aclaró que no incluye demandas por dolo o corrupción. Por su parte, el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, comparó esta decisión ejecutiva con la imposibilidad de demandar a jueces en el Poder Judicial, destacando lo efectiva que ha sido para proteger la justicia.

Desde el Ministerio de Hacienda, adelantaron que pondrán en pausa la contratación hasta conocer el criterio de la Procuraduría General de la República sobre este tema, en respuesta a la posición de la Contraloría General, que sostiene que la póliza debe ser pagada por cada funcionario y no por el Estado.