Defensoría inspecciona por primera vez condiciones de personas deportadas en el país
Grupo de 25 personas recibe atención humanitaria mientras autoridades mantienen vigilancia sobre sus derechos


El equipo se trasladó al sitio luego de que la Dirección General de Migración y Extranjería informara sobre la ubicación de este grupo, conformado por 25 personas —17 hombres y 8 mujeres— provenientes de países como Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos.
Durante la visita, la Defensoría sostuvo un acercamiento con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad encargada de la atención humanitaria. Según detallaron, las personas reciben servicios básicos como alimentación, hospedaje, atención psicosocial y acceso a comunicación con sus familiares.
Además, se informó que este grupo cuenta con libre movilidad dentro del espacio asignado, así como servicios de traducción en distintos idiomas. La atención inicial está prevista por un periodo de siete días, con posibilidad de ampliarse según las necesidades identificadas.
En materia de salud, todas las personas fueron valoradas médicamente. La mayoría presenta condiciones leves, aunque tres casos requirieron atención en un centro hospitalario, sin que se reporten situaciones graves.
La Defensoría también conversó directamente con algunas de las personas, quienes indicaron haber sido trasladadas desde Estados Unidos bajo custodia. Según relataron, las esposas y grilletes les fueron retirados poco antes de su llegada al país.
En términos generales, las personas entrevistadas manifestaron sentirse bien con la atención recibida hasta el momento. Asimismo, se constató que la mayoría cuenta con sus documentos de identidad, aunque algunos reportaron haberlos extraviado previamente.
Durante la inspección se evidenció la presencia de personal de Migración; sin embargo, la Defensoría señaló la ausencia de otras instituciones públicas clave en el abordaje integral de esta población.
La institución indicó que se mantendrá vigilante ante un eventual aumento en la llegada de personas deportadas, con el fin de garantizar que su permanencia en el país cumpla con los estándares de protección en derechos humanos.
La inspección se realizó en conjunto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortur
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