Costa Rica retrocede en protección de políticas de salud frente a la industria tabacalera

El estudio evaluó el período comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2025, mediante 20 indicadores que miden la participación de las compañías tabacaleras en el desarrollo de políticas públicas, las actividades de responsabilidad social empresarial que realizan y los beneficios que reciben por parte del Estado.

Como resultado, el país obtuvo 64 puntos, una calificación más alta —y por tanto más negativa— que en 2023, cuando registró 58 puntos, y en 2020, cuando obtuvo 49. Un puntaje cercano a 100 indica mayor nivel de interferencia de la industria.

"El convenio establece las acciones que debe tomar el Estado para evitar la interferencia de la industria, para lograr acciones de transparencia y evitar conflictos de Interses, practicamente en eso se basa el proyecto 5.3 del proyecto MARCO", indicó el directivo Roberto Brenes.

Entre los principales hallazgos destaca la ratificación del tratado de libre comercio con Ecuador, que permite el ingreso de tabaco sin aranceles, así como la participación de funcionarios públicos en espacios de consulta con representantes de compañías como Philip Morris y British American Tobacco para la elaboración de normativa técnica. Además, se señalan omisiones y actuaciones del Ministerio de Salud que habrían beneficiado directamente a estas empresas.

"Nosotros soñamos que haya un código de conducta para relaciones con la industria tabacalera en todo el Estado pero al menos con el Ministerio de Salud", señaló el investigador de RENATA, Diego Montero.

RENATA recordó que actualmente el 8,7% de la población costarricense es consumidora activa de tabaco y que el uso de vapeadores entre adolescentes y jóvenes ha aumentado en los últimos años. El tabaquismo causa la muerte de 2.154 personas al año en el país, mientras que lo recaudado en impuestos apenas cubre el 9% de las pérdidas económicas asociadas a esta problemática.

Ante este panorama, la organización hace un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para asumir un mayor compromiso en la defensa de la salud pública frente a los intereses de la industria tabacalera.