Meco acudió a recurso de revocatoria ante nuevos estudios de vía a Cartago
La entidad constructora indica que su opción es viable y que es posible modificar el proyecto en cuestión de meses.
La empresa constructora Meco presentó un recurso de revocatoria ante el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) por la decisión que tomó este órgano sobre el proyecto Autopista San José-Cartago, de cara a desarrollar nuevos estudios de planificación para mejorar la fluidez vial que hay en la zona.
Con este recurso dado por la entidad a cargo de la construcción de la carretera se espera que puedan retomarse las conversaciones que permitan ajustar la propuesta de iniciativa privada a la nueva visión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con esta ruta.
“La autopista San José - Cartago es un proyecto país, no es un proyecto de Meco. Vemos con preocupación los graves problemas viales que enfrenta la ruta día a día, sin una solución próxima. No se trata de un proyecto antojadizo de Meco, sino de una solución donde el Gobierno puede decidir el alcance del proyecto”, indicó José Sánchez, presidente de Constructora Meco.
Según Sánchez este problema vial es algo existente desde la construcción de la Autopista Florencio del Castillo en la década de los 70’s, y donde el conocido “tapón” entre Hacienda Vieja y Garantías Sociales ha impedido resolver el problema de movilidad entre ambas ciudades.
Además, esta constructora indica que en varias comunicaciones recientes se expresó la anuencia a modificar el proyecto en la forma que las autoridades actuales lo estimen conveniente.
Meco considera que esta es una opción viable, y que es posible modificar el proyecto en cuestión de meses y evitar así una espera que superaría años. "No se trata de un proyecto antojadizo de Meco, sino de una solución donde el Gobierno puede decidir el alcance del proyecto”, indicó Sánchez.
Por su parte el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador indicó que el rechazo de la propuesta de MECO se debe a que no es viable. Explicó que la empresa pretendía un aporte del Estado de entre $80 millones y $90 millones, que no está en condiciones de cumplir.
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