Gobierno propone tope a pensiones y advierte acción ante Corte Interamericana si no se aprueba proyecto
Proyecto no afectará a educadores, policías, ni a otros trabajadores que hayan cotizado conforme a lo establecido
El Ejecutivo impulsa una medida para regular las pensiones de lujo en Costa Rica. Con un tope propuesto de ₡1.765.859, el proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente N.° 24.786, busca frenar los abusos en los regímenes de pensiones públicos y reducir el impacto fiscal en el presupuesto nacional.
De no concretarse esta iniciativa en la Asamblea Legislativa, el Gobierno planea llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esto es un acto de justicia social. No podemos permitir que recursos públicos se utilicen para financiar pensiones exorbitantes que no guardan proporción con lo cotizado”, manifestó el Presidente Rodrigo Chaves.
Según la Ministra de la Presidencia, Laura Fernández, el proyecto no afectará a educadores, policías, ni a otros trabajadores que hayan cotizado conforme a lo establecido.
Lista detallada de pensionados de lujo y sus puestos previos:
- María Isabel González: Excatedrática de la Universidad de Costa Rica (UCR). Recibe ₡14.969.888.
- Myrna López Sánchez: Excatedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR). Recibe ₡14.446.858.
- Gerardina Malavasi: Esposa de Carlos Boschini, Excatedrático de la UCR. Recibe ₡14.173.194.
- Luis Baudrit Carrillo: Excatedrático de la UCR. Recibe ₡14.002.746.
- Rolando Ramírez: Exgerente general del Banco Nacional. Recibe ₡13.916.684.
- Roxana María Orlich: Exsubgerente de operaciones del Banco Popular. Recibe ₡11.326.916.
- Zarela Villanueva: Exmagistrada y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recibe ₡10.720.942 colones.
- José Manuel Arroyo: Excatedrático de la UCR. Recibe ₡10.533.050.
- Teófilo de la Torre: Expresidente ejecutivo del ICE. Recibe ₡9.935.542.
- Magda Pereira Villalobos: Expresidente de la Sala Tercera del Poder Judicial. Recibe ₡9.797.507 colones.
Según un informe actuarial, en el cual basaron la redacción del proyecto, el gasto asociado a estas pensiones supera los ₡300 mil millones anuales, contribuyendo al déficit fiscal del país.
El proyecto propone reducciones progresivas en un plazo de seis meses para ajustarse al tope, mientras asegura que no se afectarán las pensiones de educadores, policías ni bomberos, quienes cumplen con sus aportes requeridos.
El estudio actuarial encargado estima que esta medida podría reducir el déficit fiscal en un 2.5% del PIB anual, representando un alivio significativo para las finanzas públicas.
- En esta Nota: CIDH - Pensiones - Rodrigo Chaves
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