Defensoría y diputados exigen claridad sobre trato a migrantes en el CATEM tras diversas denuncias
Alertas surgen tras denuncias sobre un presunto uso de un “consentimiento informado” que estaría presionando a los migrantes a tomar decisiones apresuradas
La Defensoría de los Habitantes y diputados de oposición exigieron al Gobierno aclarar el trato que están recibiendo las personas migrantes deportadas desde Estados Unidos y actualmente albergadas en el CATEM-Sur, en Corredores.
Las alertas surgen tras denuncias sobre un presunto uso de un “consentimiento informado” que estaría presionando a los migrantes a tomar decisiones apresuradas sobre su futuro migratorio.
Según el jefe de fracción del Frente Amplio, Antonio Ortega, algunas personas alojadas en el CATEM habrían sido notificadas en idioma español de que, si optaban por solicitar refugio, serían expulsadas del centro, sin tiempo para buscar alternativas.
“Parece un chantaje tácito. Se les advierte que si piden refugio, tienen que abandonar el lugar”, criticó Ortega, quien además advirtió sobre posibles consecuencias internacionales para el país si se confirma que se están vulnerando los derechos humanos de estas personas.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, rechazó las acusaciones y afirmó que “es falso que se esté expulsando a migrantes del CATEM por pedir refugio o categorías humanitarias”.
Zamora aseguró que Costa Rica sigue siendo un país respetuoso de los derechos humanos y acusó a Ortega y al exministro Mauricio Herrera de propagar “falacias” que dañan la imagen del país a nivel internacional.
Sin embargo, la diputada liberacionista Monserrat Ruiz, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, confirmó que durante una visita de fiscalización al CATEM constataron situaciones preocupantes, entre ellas la presencia de 42 menores de edad aún sin retorno definido.
“Nos interesa verificar la dignificación de estas personas en materia de derechos humanos”, expresó Ruiz.
En paralelo, la Defensoría de los Habitantes envió un oficio al Ministerio de Gobernación exigiendo explicaciones sobre los procedimientos empleados para presentar las opciones migratorias a los migrantes, el uso de traductores, el tiempo para tomar decisiones, y la atención posterior a quienes aceptaron el retorno.
“Aunque haya acuerdos con Estados Unidos, Costa Rica tiene la obligación de garantizar el respeto pleno a los derechos fundamentales de estas personas”, subrayó la defensora Angie Cruickshank.
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