Defensoría investiga financiamiento al sector agrícola no exportador

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación para analizar el papel que desempeñan los bancos públicos en el financiamiento del sector agrícola no exportador. Esta acción se fundamenta en un enfoque centrado en los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

El objetivo del análisis es evaluar el acceso al crédito, la productividad del sector y las brechas socioeconómicas que enfrentan las personas productoras. Para ello, se utilizarán indicadores clave, análisis comparativos y revisión normativa. El estudio abarcará a las entidades bancarias del Estado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N° 1644, la cual contiene disposiciones específicas sobre crédito agrícola.

La Defensoría solicitó al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica datos sobre:

• Políticas institucionales y normativas relacionadas con el financiamiento al sector agrícola no exportador.
• Criterios que se aplican para definir condiciones de financiamiento.
• Existencia de programas o políticas que promuevan el acceso al crédito para pequeños productores, mujeres rurales, personas jóvenes y adultas mayores.
• Disponibilidad de líneas de crédito específicas para prácticas agrícolas sostenibles, tecnologías verdes o resiliencia climática.

También se pidió información sobre el comportamiento del crédito agropecuario en los últimos diez años, incluyendo:

• Monto total de créditos desembolsados por año.
• Número de personas beneficiadas.
• Tasas de interés promedio.
• Participación del sector agropecuario en la cartera total de crédito.
• Registro y causas del rechazo de solicitudes de crédito.

En cuanto a los procesos internos, qué tipo de asistencia técnica, acompañamiento o evaluación social brinda el banco antes o después de otorgar crédito al sector agropecuario, qué tipo de barreras o dificultades ha identificado que enfrentan los productores agropecuarios, particularmente mujeres, jóvenes  adultos mayores, para acceder al crédito y si existen mecanismos de seguimiento o evaluación del impacto de los créditos agropecuarios.

Finalmente, la Defensoría consultó si existe articulación entre la banca pública y programas de instituciones como el INDER, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) o el Sistema de Banca para el Desarrollo. También se busca conocer si participan en estrategias de inclusión financiera rural y educación financiera para personas productoras.