Costa Rica sigue estancada en percepción de corrupción y está lejos de países con mejor desempeño
Costa Rica continúa lejos de democracias como Canadá y Uruguay
Costa Rica obtuvo 58 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, manteniéndose estancada en la mitad del ranking global sin avances sostenidos en la lucha contra la corrupción.
Aunque el país logró recuperar los cuatro puntos perdidos en 2022, sigue lejos de democracias como Canadá (76) y Uruguay (73), los mejores calificados en la región.
En comparación con los países de la OCDE, Costa Rica sigue rezagada, con una puntuación inferior al promedio de 66 puntos que registra este grupo de naciones.
Juany Guzmán León, presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), capítulo local de Transparencia Internacional, advirtió sobre la falta de acciones contundentes para combatir la corrupción.
“Nuestra calificación sigue reflejando carencias en transparencia y en la aplicación efectiva de mecanismos de control. Sin un compromiso claro del Estado en la investigación y sanción de grandes casos de corrupción, la impunidad sigue debilitando la confianza ciudadana”, aclaró Guzmán.
Falta de avances y riesgos climáticos
El informe global del IPC 2024 destaca que la corrupción es un factor en la crisis climática, al generar falta de transparencia en el uso de fondos destinados a la mitigación y adaptación ambiental.
En este contexto, Costa Rica enfrenta el desafío de garantizar que los recursos destinados a la protección ambiental no se desvíen o se utilicen de manera opaca.
“El país se presenta internacionalmente como un modelo de sostenibilidad, pero la falta de transparencia en el manejo de fondos ambientales podría socavar esa imagen. La lucha contra la corrupción en este ámbito es crucial para sostener nuestro liderazgo en temas ecológicos”, agregó Guzmán.
Medidas para frenar la corrupción
Entre las acciones que CRI considera necesarias para fortalecer la lucha contra la corrupción en Costa Rica, se encuentran la reactivación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), la implementación efectiva de la ley de protección de denunciantes y testigos de corrupción, y la consolidación de una legislación de acceso a la información pública.
“El país necesita medidas preventivas sólidas, pero también sanciones ejemplares en casos de corrupción que han quedado impunes. La educación y la transparencia deben ser ejes clave en la reconstrucción de la confianza institucional”, concluyó Guzmán.
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