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Corte Suprema ordena remitir a la Asamblea Legislativa acusación contra diputado oficialista

Miércoles, 14 Mayo 2025. | Escrito por Elky Méndez

Corte Suprema ordena remitir a la Asamblea Legislativa acusación contra diputado oficialista
El legislador es acusado por supuestamente ofrecer cargos públicos a cambio de apoyo político en la discusión del proyecto de Eurobonos.

La Fiscalía General de la República informó que fue notificada por la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión de remitir a la Asamblea Legislativa una acusación formal contra el diputado del Partido Progreso Social Democrático (PSD), Alexander Barrantes Chacón, por el presunto delito de cohecho impropio en la modalidad de penalidad del corruptor.

Con esta resolución, el Congreso deberá iniciar el trámite correspondiente para discutir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del legislador, conforme lo establece la legislación y el reglamento interno.

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La acusación fue presentada por el jefe del Ministerio Público en enero de 2025, por hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2022. Según la investigación, ese día Barrantes solicitó una reunión con una diputada para hablar sobre el proyecto conocido como “Eurobonos”. Durante el encuentro, el legislador habría expresado su interés en asegurar los votos del partido de ella, a cambio de ofrecer puestos en el gobierno o en embajadas, que supuestamente aún estaban disponibles.

La Fiscalía sostiene que la ventaja indebida fue ofrecida para beneficio directo de la diputada o de personas vinculadas a su fracción legislativa. Ese mismo día, la funcionaria denunció públicamente los hechos.

De acuerdo con el procedimiento especial para el juzgamiento de integrantes de los Supremos Poderes, una vez que la Fiscalía presenta una acusación contra una persona con inmunidad, debe remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia. El Alto Tribunal evalúa el caso y determina si corresponde solicitar al Congreso el levantamiento del fuero.

Tras este análisis, las magistradas y magistrados notificaron hoy su decisión a la Fiscalía General. En este proceso, la Procuraduría General de la República actúa como querellante y parte civil.

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