Acuerdos de trazabilidad para salvar los bosques
MINAE propone estrategia para dar valor a productos forestales y fortalecer la conservación productiva de los bosques.
Con el apoyo de agencias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa ONU REDD, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) presentó a la Cámara Forestal Madera e Industria (CFMI) su proyecto para la creación de un Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal.
Será una herramienta para garantizar la legalidad y sostenibilidad del uso de la madera que pretende robustecer la legalidad forestal, reducir riesgos de comercio ilegal de madera y mejorar la competitividad del sector forestal costarricense frente a exigentes mercados como el europeo (EUDR) o el estadounidense (Ley Lacey).
“Costa Rica ha avanzado significativamente en materia de legalidad forestal, pero el siguiente paso es integrar tecnología e innovación en los procesos, para garantizar la trazabilidad desde la finca hasta el producto de primera transformación de la madera. No se trata solo de control, sino de asegurar transparencia, responsabilidad y competitividad en el comercio maderero”, comentó Franz Tattenbach, Ministro de Ambiente y Energía.
La iniciativa propone incorporar herramientas tecnológicas que permitan dar seguimiento continuo a la madera, a lo largo de la cadena productiva, asegurando que, el origen, sea verificable y que los criterios de legalidad, sostenibilidad y responsabilidad sean respetados.
“Un sistema nacional de trazabilidad no solo fortalece la confianza en nuestros productos forestales, también le da al productor responsable las herramientas para demostrar que su madera proviene de una finca que cumple con todos los criterios legales y ambientales.” indicó Jorge Mario Rodríguez, Viceministro de Ambiente.
Representantes del gobierno, sector privado, productores forestales, academia y organizaciones internacionales, esperan construir de forma participativa un sistema nacional de trazabilidad, como una herramienta estratégica para dar valor a los productos forestales costarricenses, garantizar su legalidad, fortalecer la conservación productiva de los bosques y posicionar al país como un modelo regional en gestión forestal sostenible y transparente.
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