Estafas y robo de identidad concentran el 84% de delitos cibernéticos en Costa Rica

El estudio, elaborado por el Laboratorio de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Nacional de Costa Rica, revela que el 62,1% de los casos corresponden a estafas y el 21,7% a robo de identidad, lo que evidencia que los ataques se enfocan en engañar a las personas más que en vulnerar sistemas tecnológicos.

Entre enero de 2018 y agosto de 2025, el país registró 40.457 denuncias por delitos informáticos, con un crecimiento exponencial que multiplicó por 6,4 los casos en ese periodo, según datos del Organismo de Investigación Judicial.

Solo entre 2023 y 2024, las denuncias aumentaron un 96,7%, y en lo que va de 2025 ya se superó el total del año anterior.

Mayor impacto en la GAM

El informe señala que el 79% de los casos se concentra en la Gran Área Metropolitana, liderada por San José, seguida de Alajuela, Heredia y Cartago, lo que responde a la mayor actividad económica y digital en estas zonas.

En cuanto al perfil de las víctimas, el 86% tiene entre 18 y 64 años, con mayor incidencia en personas de 30 a 39 años, es decir, población altamente vinculada a servicios financieros digitales.

Seguridad desigual y retos tecnológicos

A nivel institucional, el estudio evidencia avances en la adopción de herramientas de seguridad como la autenticación multifactorial y sistemas de gestión de identidades. Sin embargo, advierte que no todas las organizaciones han consolidado controles básicos, como antivirus o antimalware.

También se identifican amenazas como el ransomware, filtraciones de datos y ciberataques, que continúan evolucionando.

Inteligencia artificial: avances y desafíos

El uso de inteligencia artificial en ciberseguridad aún es limitado: solo un 20% de las instituciones la implementa, aunque la mayoría de quienes la utilizan la consideran efectiva.

Entre los principales obstáculos destacan:

• Integración con sistemas existentes
• Costos de implementación
• Calidad y gestión de datos
• Falta de personal especializado

Llamado a fortalecer políticas públicas

El informe concluye que la ciberseguridad debe consolidarse como una política pública transversal, con énfasis en educación, prevención y protección de datos personales.

Entre las principales recomendaciones se incluye reforzar el cumplimiento de la legislación vigente y avanzar en una estrategia nacional para el uso responsable de la inteligencia artificial.

El análisis confirma que, más allá de la tecnología, el principal punto vulnerable sigue siendo el comportamiento humano, lo que convierte la prevención y la educación digital en herramientas clave para reducir estos delitos.